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Miércoles, 19 de Julio de 2017 a las 22:25 horas
Cuando conniven los intereses políticos-empresariales
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Carlos Gustavo Rivero Quintana
Presidente del Comité de Empresa de SIC, en el Centro de Menores de La Montañeta
Hay ocasiones en donde uno se llega a preguntar si la realidad supera a la ficción, y tras observar las contrataciones en la administraciones públicas de los servicios no dejan lugar a dudas a que muchas de las mismas no hacen hincapié en lo que aquellos que las dirigen, pregonan en campaña electoral de la lucha contra la precariedad laboral, y por la igualdad y la dignidad de los trabajadores. Y es que los políticos de nuestro país, en su mayoría mediocres, les resulta fácil pregonar pero no tanto repartir pan.

Tras las reformas laborales primero del PSOE de Sr. Rodríguez Zapatero, y la última del PP del Sr. Rajoy, muchos han sido los Convenios Colectivos de empresa que han posibilitado el descolgarse de los Convenios Sectoriales, y que han tenido como consecuencia, en la mayoría de los casos, una perdida sistemática de derechos que las generación anterior consiguiera con sangre, sudor y lagrimas, para con la escusa de la crisis amedrentar a la clase trabajadora, y con sindicatos mayoritarios desprestigiados por su inacción, llevar a un fenómeno impensable antes de la crisis, el trabajador pobre.

Poco se puede hacer con empresas privadas que contratan servicios con empresas "low-cost ó piratas"; pero lo llamativo es la clara connivencia de muchas de las administraciones públicas, y más en concreto con la mayoría de la clase política dirigente, que licitan servicios para entregarla en demasiadas ocasiones a empresas que están por debajo de los convenios sectoriales hasta un 40%, y que condenan a los trabajadores que les prestan servicios a la precariedad laboral y a la pobreza de facto.

Los sistemas para las adjudicaciones varían, no obstante hay que fijarse, y mucho, en los pliegos de condiciones (técnicos y económicos) de las licitaciones de los servicios de dichas administraciones públicas, y que no todas incluyen clausulas sociales (como: "la obligación de cumplir, como mínimo, el Convenio Sectorial del Servicio a Licitar, en vigor, en cada momento de la prestación del Servicio") las cuales tendrían que ser de obligado cumplimiento, y deberían ser "vigiladas" por el cliente para que se cumplan, ¿lo han hecho, lo hacen ó lo harán?. La mayoría se inhiben y solo redundan en el beneficio de su administración y de sus "prioridades", dando paso libre a empresas de las cuales se sabe no van a cumplir ese "requisito indispensable", y que repercute en el eslabón más débil (los trabajadores) los que se ven condenados a una merma en sus condiciones laborales.

Tras esta triste realidad solo queda luchar por recuperar los derechos perdidos, desde la dignidad, la ley (huelgas incluidas) y la convicción de que el miedo no es una opción, y solo el movimiento generara condiciones que hagan del trabajo de subsistencia un mal recuerdo, para volver a dignificar el trabajo y que signifique estabilidad, progreso y calidad de vida.

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