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TENERIFE | LA LAGUNA | OPINIÓN
Martes, 3 de Abril de 2018 a las 21:05 horas
La Opinión, el caso Grúas y la “interferencia” de la Audiencia
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Santiago Pérez
Portavoz de XTF-NC en La Laguna
Definitivamente, El Régimen de ATI pretende imponernos a los tinerfeños un mundo al revés. Porque es darle la vuelta a la realidad reconvertir el Estado democrático de Derecho en la reencarnación de sistema caciquil, con luz, sonido y nuevas tecnologías de la comunicación, censura-sin-oficina-del-censor…y todos los modernismos que se quiera, pero caciquismo redivivo.

Y necesitado, como el viejo caciquismo, de mantener a la gente de esta tierra en el mayor desconocimiento posible sobre asuntos que le conciernen y, sobre todo, sobre cómo es y cuáles son las garantías propias de una sociedad libre.

La información no firmada, y por tanto Editorial, del periódico La Opinión sobre el Auto de la Audiencia Provincial ordenando (no “solicitando”) la citación de José Alberto Díaz como investigado en el Caso Grúas, no tiene desperdicio.

La Audiencia, para empezar, no “interfiere” (como subtitula La Opinión) en un proceso judicial “que aún no ha concluido”. No: simplemente resuelve un recurso de apelación interpuesto por quienes --en defensa del “interés público tutelado por la Ley”-- estamos promoviendo la acción de la Justicia, que es exactamente la función que la Constitución encomienda a la Fiscalía (artículo 124.1) y de la que ésta está dimitiendo estruendosamente a lo largo de toda esta investigación.

Porque no es que la Fiscalía no esté promoviendo nada; sino que se ha opuesto tanto a los recursos que presentamos los concejales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife- Nueva Canarias contra el archivo de la denuncia decretado por la Jueza (sobre la marcha y sin investigar nada de nada), como al recurso contra la reiterada negativa de la Instructora a citar como investigado a José Alberto Díaz.

La Audiencia ejerce su autoridad jurisdiccional resolviendo un recurso previsto en la Ley de enjuiciamiento Criminal y que, por tanto, forma parte de nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. O sea que ni interfiere, ni es una “decisión inusual” como pregona La Opinión. Es pura normalidad en un Estado de Derecho.

Porque existen indicios más que sobrados de la responsabilidad penal de Díaz por su participación directa --cuando era concejal de Seguridad-- en la concesión ilegal de un préstamo con dinero público y en la prórroga del contrato con la Empresa de los amigos de Clavijo, en lugar de decretar el rescate del Servicio, en cumplimiento de la legalidad y del Pliego de Condiciones, ante las faltas gravísimas cometidas por la Empresa.

No se investiga sólo un presunto delito de prevaricación, sino varios delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, según el Auto de noviembre pasado por el que la Audiencia ordenaba a la Magistrada que no se aguantara las ganas de investigar y cumpliera de una vez con sus obligaciones de comprobar los hechos denunciados e identificar a sus autores.

El concejal Pérez-Godiño --incomprensiblemente único investigado hasta este momento-- no fue quién “firmó los documentos que se investigan”, como dice La Opinión, “en los que se autorizaba el levantamiento de los reparos señalados por el Interventor”. Porque ni se están investigando meramente “documentos”, que en realidad son Decretos, ni Pérez-Godiño levantó los reparos del Interventor (es decir las advertencias de que el préstamo y de la prórroga del contrato que Díaz proponía eran ilegales, no “irregulares” como gusta decir al oficialismo). Simplemente porque no podía hacerlo.

Porque el que levantó los reparos y se saltó a la torera el control de legalidad que realiza el Interventor fue el entonces alcalde: Fernando Clavijo.

De forma que si existen motivos sobrados para citar al antiguo concejal de Seguridad como investigado/imputado, muchos más para investigar/imputar a Clavijo, el director de esta película de principio a fin.

Y el final en blanco y negro fue la adjudicación sin concurso ni autorización del Pleno, es decir a dedo y al margen de la legalidad, de la gestión del servicio de grúas --que puede durar hasta 2029, facturando al Ayuntamiento a razón de 600.000 euros al año, que se irán actualizando-- a la empresa del Sr. Tacoronte. Que pasaba por allí.

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