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Martes, 28 de Febrero de 2017 a las 10:23 horas
Zapatero gastó casi 9 millones en desaladoras fallidas
Las construcciones fueron decretadas con urgencia para anular el trasvase del Ebro
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El «Programa Agua» impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona fue aún más ambicioso y no sólo gestó la adjudicación y construcción de diez desaladoras, de las cuales cuatro están actualmente sin servicio, sino que decretó con carácter de urgencia una serie de actuaciones en las distintas cuencas hidrográficas.

Entre ellas, se mencionaban como prioritarias la desaladora del Poniente Almeriense, y en Alicante para L’Alancatí y Vega Baja, la ampliación de la planta de Jávea y la desalación en la Marina Alta. Estos cuatro proyectos planificados nunca se pusieron en marcha durante los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que otra desaladora en la Costa del Sol (Málaga) y la ampliación de la estación de aguas salobres del Mojón (Murcia).

Según los datos del Tribunal de Cuentas recogidos en el «Informe de fiscalización de los convenios de gestión directa vigentes entre las Sociedades Estatales de Aguas y el Ministerio durante los ejercicios 2010-2011» supusieron un gasto de casi 9 millones de euros de fondos públicos.

A este expendio habría que sumar los 215 millones de sobrecostes asumidos íntegramente por la empresa estatal Acuamed, a pesar de que el Real Decreto de junio de 2004 canceló el trasvase del Ebro porque suponía un «evidente despilfarro de recursos públicos», ya que «se han exagerado los beneficios del proyecto y sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados».

Fondos europeos
La desaladora en Mijas-Fuengirola (Málaga) hubiera sido la segunda de la Costa del Sol, después de la planta de Marbella. Se adjudicó en marzo de 2008 a la UTE formada por Sacyr, Sadyt y Construcciones Vera por 61,7 millones de euros, incluyéndose en los Presupuestos Generales del Estado con una primera partida de 30 millones. Acuamed recibió durante el ejercicio de 2011 un anticipo de fondos europeos de 5,25 millones dentro del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013, a pesar de que nunca se construyó.

El contrato tenía un plazo de ejecución de 18 meses, que se fue postergando año tras año por trámites administrativos que costaron a las arcas públicas 2,2 millones de euros. Primero por los problemas burocráticos para la obtención de la parcela en la que había que ubicar la planta y, más tarde, por la falta de suministro eléctrico adecuado.

No había lugar elegido que no fuera rechazado por los ciudadanos. A pesar de que la construcción de la desaladora de Marina Alta fue adjudicada en marzo de 2007 con una inversión de 22,6 millones de euros, cambió cuatro veces de ubicación, hasta que en un pleno del Ayuntamiento de Dénia se acordó su paralización en diciembre de 2011. Uno de los principales motivos fue que las tarifas de agua repercutirían finalmente en los consumidores. Para entonces la factura ascendía a casi 3 millones de euros en gastos de redacción y expropiaciones, que fueron directos a las cuentas de la empresa estatal bajo dirección socialista.

Hasta el 2015 el PSOE siguió reprochando que el Gobierno del PP aparcara las obras, a pesar de que otra de Alicante (Marina Baja) no empezó su explotación hasta justo ese mismo año, sin mencionar que tanto las plantas de Sagunto, Moncofa y Oropesa siguen sin estar operativas, al no recibir demanda de agua desalada por los altísimos costes de producción.

«Programa agua»
La misma suerte corrió la desaladora para L’Alacanti y Vega Baja (Guardamar) con un presupuesto en 2010 de 155,6 millones de euros, Acuamed invirtió 641.000 euros según los datos recogidos en el Tribunal de Cuentas. A diferencia de otros objetivos del «Programa Agua», todos los caudales se harían llegar exclusivamente a regantes y no al consumo urbano. No continuó adelante al no conseguir un convenio con los potenciales usuarios y no obtener autorización ambiental integrada. Con el cambio de Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente del PP concluyó que la desaladora de Torrevieja podría cubrir la demanda de agua de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante.

También en Alicante, la Administración socialista asumió las cantidades de la ampliación de la desaladora de Jávea por 123.000 euros, suspendiéndose el plan definitivamente en el año 2012, y de la estación de aguas salobres del Mojón, compartida con la Región de Murcia, con unos gastos de 1,7 millones de euros, al no contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Segura por la oposición de los regantes que explotaban la desalobradora. Igual ocurrió con la desalación en el Poniente Almeriense, de la que no se definió la estructura financiera, a pesar de invertir 701.000 euros en su definición y desarrollo.

Otros costes soportados absolutamente por Acuamed fueron 108.000 euros por un proyecto de ampliación de la desaladora de Torderá (Barcelona), que finalmente construyó la administración catalana y 258.000 euros por una operación de compra a la Comunidad Rambla de Morales de una desaladora en Níjar para interconectarla con la red de Carboneras (Almería) que tampoco se realizó.


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