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Martes, 11 de Septiembre de 2018 a las 20:06 horas
Bomberos denuncian el “afán privatizador” de Antonio Morales con el Consorcio
Los bomberos señalan que, a pesar de haber solicitado varias uniones con Antonio Morales, este no solo se ha negado a atender sus peticiones sino que, además, “ha demostrado desinterés sobre las consecuencias que está teniendo su política de gestión de emergencias”
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La Junta de personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria denunció este martes la intención, por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y de los municipios consorciados, de privatizar el servicio de bomberos, intención que es “el verdadero motivo” por el que no se ha cubierto la plantilla desde el año 2008, a pesar de haber estado presupuestado este dinero todos estos años. “No era por otra cuestión que la gestión política que pretende hacer ver que la única solución es privatizar un servicio esencial como es el de bomberos”.

Los bomberos señalan que, a pesar de haber solicitado varias uniones con Antonio Morales, este no solo se ha negado a atender sus peticiones sino que, además, “ha demostrado desinterés sobre las consecuencias que está teniendo su política de gestión de emergencias”.

Afirman que es “rotundamente falso” que existan 202 efectivos en el cuerpo, pues Morales da esta cifra “a sabiendas que solo se alcanza sumando al personal de la administración, los cuales no realizan funciones de extinción”. Señalan que efectivos operativos sólo son 186, cuando la relación de puestos de trabajo desde 2008 establece 236 efectivos: “Hay presupuesto para ello, pero no se cubre porque la intención es privatizar el servicio y de esta manera no absorben más funcionarios públicos”.Asimismo, recuerdan que como funcionarios públicos tienen su jornada laboral regulada por ley, jornada que siempre han cumplido. Pero, desde el año 2012 y debido a la falta de personal, a cada bombero se le incrementado la jornada en 200 horas, lo cual ha sido denunciado y se está a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. Los bomberos de Gran Canaria quieren “dejar claro” que en el actual conflicto no existe ninguna petición ni reivindicación económica, se trata solo de cuestiones de operatividad y gestión.

Los trabajadores recuerdan que en caso de disolución del Consorcio tendrían que aplicarse los artículos de los estatutos del Consorcio relativos a esa cuestión. Pero sucede, señalan, que “estos estatutos están caducados y no adaptados a varias leyes estatales”, lo cual ha sido una constante en sus reivindicaciones. Particularmente, los estatutos no están adaptados a la ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público y a la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública de finales del año 2013.

El hecho de que los estatutos no estén armonizados con las leyes estatales es lo que ha impedido el buen funcionamiento del Consorcio y la consecuencia es “una mayor desorganización”, porque son veintiún entes consorciados (19 municipios, Cabildo y Gobierno de Canarias) los que adoptan decisiones en una junta general “opaca que no acepta la interlocución con los agentes sociales, siendo el único consorcio de España, que no permite asistir a los bomberos con voz pero sin voto”.

Por tanto, si se disuelve el Consorcio no podrán adaptar los estatutos y serán las propias leyes las que se tengan que aplicar, leyes que establecen que solo podría disolverse si cesa su actividad. “Tal vez”, dicen los bomberos, “es que Antonio Morales y los alcaldes piensan que el servicio que prestan los bomberos ya no es necesario”.

Si se produce la extinción del Consorcio, el Cabildo tendrá que asumir su responsabilidad como administración “y absorber el servicio que le corresponde como máximo gobierno de la isla” para dotar de servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Eso significa, asumir el 65% de todo el servicio.

Los bomberos piden que se unifiquen los cuerpos de bomberos de la isla para que así se cuente con un cuerpo de bomberos insular para todos los municipios.

Incendio de Arinaga
Los bomberos señalan que es “falso” que el reciente incendio de Arinaga fuera extinguido por personal militar de la base aérea de Gando. “Es cierto que asistieron, y estamos investigando si fue activado por el oficial del servicio, Mario Beltrán, que estando de baja médica empezó a dirigir el servicio”. Se trata de una cuestión “grave”, dado que estando de baja “no puede dar órdenes, activar parques y personal y mucho menos personal ajeno a el servicio”.

Recuerdan que un cuerpo militarizado como es el de la base aérea de Gando no cuenta con procedimientos de actuación y protocolos para intervenir en emergencias como estas “y mucho menos para hacerlo juntamente con nosotros, debido a que sus funciones no son las mismas que las que desarrollamos los bomberos urbanos y servicios públicos”.


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