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FUERTEVENTURA | PÁJARA | POLÍTICA
Lunes, 24 de Junio de 2013 a las 22:30 horas
Sí se puede denuncia la ocupación de los accesos y el cobro ilegal por acceder a las cuevas de Ajuy
Lola González Soto, portavoz de Sí se puede en Pájara, Fuerteventura, denuncia unas graves infracciones que afectan al acceso a uno de los espacios naturales de la Isla
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La organización ecosocialista se refiere al barranco de Ajuy, en el municipio de Pájara. Este lugar, según la Ley de Espacios Naturales de Canarias, tiene una figura de protección que es la de monumento natural, dada su importancia geológica y biológica, con sus respectivas normas de conservación, sin olvidar que es zona Zepa reconocida y además este espacio natural se encuentra dentro de la RED Natura 2000. Esto en cuanto a legislación autonómica se refiere, en lo que a legislación insular compete se encuentra dentro de lo que se denomina Parque Rural de Betancuria que cuenta con la aprobación del plan rector de uso y gestión de dicho parque.

La infracción denunciada por Sí se puede se refiere a la parcela de la que es propietaria la empresa del señor Jorge Fierro, Paraje Natural de Ajuy S.L., en cuyos terrenos se encuentran las cuevas de Ajuy, que según el PGOU de Pájara, es suelo rústico.

La portavoz afirma que el señor Fierro solicitó hace un mes al ayuntamiento de Pájara licencia urbanística para llevar a cabo la instalación de una serie de edificaciones, al objeto de cobrar entrada a los turistas y residentes que quieran pasar por su terreno para visitar las cuevas, “que él debe entender que son de su propiedad y aunque así fuera se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre”.

Los técnicos municipales, según Sí se puede, le animaron a desistir de esta solicitud, ya que previo a esta debe contar con una serie de permisos y autorizaciones de otras instancias superiores que son las que tienen competencias para aprobar o denegar este tipo de actuaciones en un espacio natural protegido como es esta zona. La sorpresa llega cuando el señor Fierro, tras presentar dicho escrito, no continua con los trámites que le son preceptivos para llevar a cabo la actividad empresarial que pretende, y “decide montarse un chiringuito en el camino de acceso a las cuevas, camino que es público y se encuentra dentro del dominio marítimo terrestre”.

Según Lola González esta estructura no cuenta con ninguna clase de permisos y tampoco con la licencia de apertura que tenía que haber solicitado al Ayuntamiento más aun para la realización de una actividad lucrativa como esta, ya que se cobra 4 euros a los residentes y 7 euros a los turistas.

“Denunciamos la actuación de este señor pero también a las instituciones que tienen competencias para detener este tipo de actuaciones y no lo hacen llámense Costas, Cabildo, Gobierno de Canarias y el propio ayuntamiento de Pájara, que lejos de haberle precintado esta actividad por carecer de los permisos necesarios, ha permitido que esta empresa lleve desde el lunes de la pasada semana cometiendo estas presuntas ilegalidades, cosa que desde Sí se puede Pájara nos parece lamentable”, explican.

La formación ecosocialista considera que el interés particular no puede estar por encima del interés general y del cumplimiento de la legalidad vigente. A esta empresa, en año 2000 o 2001, el ayuntamiento de Pájara le aprobó un proyecto para la construcción de “un parque temático que era un aunténtico despropósito, con tren eléctrico, mariposario, e incluso se contemplaba la posibilidad de horadar el acantilado para acceder a las cuevas. En su momento el movimiento ecologista majorero denunció obras ilegales en el barranco de Ajuy ante el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que paralizó dichas obras por no contar con el permiso ni haber solicitado el deslinde de los terrenos aledaños al cauce del barranco. El biólogo y edafólogo majorero, Juan Miguel Torres, se opuso rotundamente a este proyecto por entender que seria negativo para el desarrollo y conservación de esta zona.

Desde Sí se puede esperan que se actúe lo antes posible contra esta empresa que está afectando a la imagen de una zona protegida y además se lucra con un patrimonio que es del conjunto de los majoreros.


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