La Patrulla del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Fuerteventura ha procedido, durante el pasado día 11 del mes en curso, junto con la facultativa veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a una inspección de las instalaciones de una protectora de animales ubicada en la localidad de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

Inicio de la investigación

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una intervención anterior que se había realizado, el pasado día 07 del mes en curso, en otras instalaciones de la misma protectora de animales.

Ante la posible existencia de otro delito similar por tratarse de la misma protectora, los componentes del Seprona realizaron una inspección administrativa en otro lugar utilizado por la citada, acompañados en esta ocasión por una veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.


Inspección y recuperación de animales

Durante la inspección el Seprona comprobó que las instalaciones no eran las adecuadas, verificándose que las condiciones higiénicas sanitarias no eran las adecuadas, por lo que se decide proceder a la retirada de los animales.

El número total de canes que se hallaban en ese momento en el establecimiento era de 15 ejemplares, 12 canes adultos y 03 cachorros, de los cuales se han encargado en su totalidad una protectora de animales del municipio de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Imputación por un delito de maltrato animal
Por todo ello los componentes del Seprona procederán a la imputación de la dueña de las instalaciones, una persona de iniciales G.C. y nacionalidad extranjera, por un supuesto delito de maltrato animal, al poseer en su propiedad varios animales domésticos en condiciones que menoscaban gravemente la salud de los mismos.

Dicho delito puede conllevar penas que van desde los 3 meses a 1 año de prisión, así como una inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Paralelamente se comprobará, mediante la base de datos ZOOCAN (Registro Canario de Identificación Animal), las identificaciones de los animales incautados mediante los preceptivos microchips, para comprobar si sus legítimos dueños han presentado las correspondientes denuncias por su sustracción o desaparición.

En el caso de que los propietarios hayan denunciado la referida, se procederá a contactar con los mismos para que retiren el animal, en el caso contrario, serán denunciados a la correspondiente legislación, en este caso a la Ley autonómica de Canarias 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Del resultado de las investigaciones se ha realizado el pertinente atestado policial para el Juzgado de Instrucción competente, de la localidad de Puerto del Rosario, y para la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.